Un grupo especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó hoy ante el organismo interamericano un informe donde plantea una serie de recomendaciones para reformar aspectos del funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han sido cuestionados por los países miembros.
Así, el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), planteó la necesidad de promover soluciones amistosas, la verificación del agotamiento de recursos en la justicia interna de los países para evitar que ocurran procesos paralelos, así como el tratamiento de casos individuales, entre otros puntos.
En ese sentido, al tomar la palabra, el embajador colombiano, Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, destacó el consenso de los países para la aprobación del documento, al cual calificó como serio" y "maduro" porque "tiene una serie de reflexiones muy positivas que deben ayudar a la mejoría del sistema.
El objetivo del documento, dijo, es fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el continente, resaltando que la revisión del funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión otro de los puntos en análisis - representa una serie de sugerencias positivas y ninguna de ellas entendidas como restricción a la libertad de expresión.
Por su parte, el representante argentino ante la institución interamericana, Martín Gómez Bustillo, respaldó la aprobación del informe y subrayó que las recomendaciones serán tenidas en cuenta por la CIDH dentro de su propia autonomía e independencia.
Asimismo, Gómez Bustillo destacó el particular interés de que todas las relatorías de la CIDH tengan el mismo impulso en su nivel de impacto, plantando la necesidad de nivelar hacia arriba, de manera que todas las problemáticas de especial atención de la región reciban similar tratamiento.
El representante de Brasil, Marcia Fagundes do Nascimentu, sostuvo por su parte que hay una nueva realidad en el hemisferio y que es esencial que la Comisión sea capaz de ofrecer respuesta adecuada a esta nueva realidad por medio de actuaciones cada vez más transparentes, previsibles, fundamentadas y de acuerdo a instrumentos que rigen su funcionamiento.
En ese sentido, dijo, el informe es una oportunidad única de adaptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los nuevos desafíos que afectan a la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, están entre los países que criticaron el actual funcionamiento de la Comisión y que imprimieron impulso para la realización de las recomendaciones que fueron presentadas en diciembre pasado.
Dos meses antes, la CIDH había demandado al gobierno peruano de no haber procesado al comando que llevó adelante un rescate de rehenes en la embajada de Japón, en Lima, 15 años atrás, y donde supuestamente tres de los 14 guerrilleros que participaron fueron fusilados después de haberse rendido.
En este sentido, el representante de Perú, Walter Albán Peralta, compartió las recomendaciones cuyos alcances, dijo, "no cuestionan la funcionalidad del sistema en su conjunto sino que hay determinados aspectos que preocupan".
El Grupo de Trabajo realizó además recomendaciones para que la CIDH amplíe a otros países el capítulo 4 del organismo por el cual anualmente realiza informes sobre el estado de los derechos humanos de ciertas naciones que significan un interés particular.
Al respecto, fuentes de la institución, aseguraron en diálogo con los medios que llevar esto a la práctica requeriría de mayores recursos que no están siendo contemplados en el planteo o mismo dejar de realizar actividades que hacen a su funcionamiento habitual para dedicarle toda la atención a la elaboración de un informe que abarque a todos los países miembros.
El informe, elaborado tras varios meses de intercambio y presentado hoy en reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, contempla aportes de la CIDH, de los países miembros y de representantes de la sociedad civil.
Así, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) envío ayer al Grupo de Trabajo un documento firmado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil donde plantea críticas al reporte y su preocupación de que ciertas de las recomendaciones realizadas limiten el accionar de la CIDH a nivel regional, según comentó a la prensa su directora, Viviana Krsticevic.
Entre las recomendaciones que pueden debilitar a la CIDH, dijo, está el caso de la revisión de la Relatoría para la Libertad de Expresión y entre otros, el planteo de limitar su capacidad de recibir presupuesto.
Más allá de las recomendaciones de reforma presentadas ante el Consejo Permanente, la CIDH no está obligada en esta instancia a adoptar lo sugerido.
No obstante, el informe podría ser elevado al ámbito de la Asamblea General del organismo o mismo en la próxima Cumbre presidencial de la OEA en Cartagena, Colombia, para que sus recomendaciones sean consideradas por los miembros y, en un paso posterior, analizar su posible adopción por parte de los países.
Así, el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), planteó la necesidad de promover soluciones amistosas, la verificación del agotamiento de recursos en la justicia interna de los países para evitar que ocurran procesos paralelos, así como el tratamiento de casos individuales, entre otros puntos.
En ese sentido, al tomar la palabra, el embajador colombiano, Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, destacó el consenso de los países para la aprobación del documento, al cual calificó como serio" y "maduro" porque "tiene una serie de reflexiones muy positivas que deben ayudar a la mejoría del sistema.
El objetivo del documento, dijo, es fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el continente, resaltando que la revisión del funcionamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión otro de los puntos en análisis - representa una serie de sugerencias positivas y ninguna de ellas entendidas como restricción a la libertad de expresión.
Por su parte, el representante argentino ante la institución interamericana, Martín Gómez Bustillo, respaldó la aprobación del informe y subrayó que las recomendaciones serán tenidas en cuenta por la CIDH dentro de su propia autonomía e independencia.
Asimismo, Gómez Bustillo destacó el particular interés de que todas las relatorías de la CIDH tengan el mismo impulso en su nivel de impacto, plantando la necesidad de nivelar hacia arriba, de manera que todas las problemáticas de especial atención de la región reciban similar tratamiento.
El representante de Brasil, Marcia Fagundes do Nascimentu, sostuvo por su parte que hay una nueva realidad en el hemisferio y que es esencial que la Comisión sea capaz de ofrecer respuesta adecuada a esta nueva realidad por medio de actuaciones cada vez más transparentes, previsibles, fundamentadas y de acuerdo a instrumentos que rigen su funcionamiento.
En ese sentido, dijo, el informe es una oportunidad única de adaptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los nuevos desafíos que afectan a la promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio.
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, están entre los países que criticaron el actual funcionamiento de la Comisión y que imprimieron impulso para la realización de las recomendaciones que fueron presentadas en diciembre pasado.
Dos meses antes, la CIDH había demandado al gobierno peruano de no haber procesado al comando que llevó adelante un rescate de rehenes en la embajada de Japón, en Lima, 15 años atrás, y donde supuestamente tres de los 14 guerrilleros que participaron fueron fusilados después de haberse rendido.
En este sentido, el representante de Perú, Walter Albán Peralta, compartió las recomendaciones cuyos alcances, dijo, "no cuestionan la funcionalidad del sistema en su conjunto sino que hay determinados aspectos que preocupan".
El Grupo de Trabajo realizó además recomendaciones para que la CIDH amplíe a otros países el capítulo 4 del organismo por el cual anualmente realiza informes sobre el estado de los derechos humanos de ciertas naciones que significan un interés particular.
Al respecto, fuentes de la institución, aseguraron en diálogo con los medios que llevar esto a la práctica requeriría de mayores recursos que no están siendo contemplados en el planteo o mismo dejar de realizar actividades que hacen a su funcionamiento habitual para dedicarle toda la atención a la elaboración de un informe que abarque a todos los países miembros.
El informe, elaborado tras varios meses de intercambio y presentado hoy en reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, contempla aportes de la CIDH, de los países miembros y de representantes de la sociedad civil.
Así, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) envío ayer al Grupo de Trabajo un documento firmado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil donde plantea críticas al reporte y su preocupación de que ciertas de las recomendaciones realizadas limiten el accionar de la CIDH a nivel regional, según comentó a la prensa su directora, Viviana Krsticevic.
Entre las recomendaciones que pueden debilitar a la CIDH, dijo, está el caso de la revisión de la Relatoría para la Libertad de Expresión y entre otros, el planteo de limitar su capacidad de recibir presupuesto.
Más allá de las recomendaciones de reforma presentadas ante el Consejo Permanente, la CIDH no está obligada en esta instancia a adoptar lo sugerido.
No obstante, el informe podría ser elevado al ámbito de la Asamblea General del organismo o mismo en la próxima Cumbre presidencial de la OEA en Cartagena, Colombia, para que sus recomendaciones sean consideradas por los miembros y, en un paso posterior, analizar su posible adopción por parte de los países.
- Télam
