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10 de marzo de 2011 • 13:05

MINISTERIO DE SEGURIDAD DA A CONOCER ESCRITO PRESENTADO ANTE JUSTICI

 

El ministerio de Seguridad de la Nación difundió hoy el texto completo del escrito presentado ante el juzgado que interviene en la ocupación del predio en Villa Soldati. El siguiente es el texto del escrito presentado ante el juzgado del doctor Armella: Siguiendo instrucciones de la Ministra de Seguridad, me dirijo a usted, con motivo del oficio notificado a este Ministerio en la tarde del día 9 de marzo de 2011, librado en los autos Legajo de Actuaciones OCUPACIÓN PREDIO SITO EN LAS CALLES LAFUENTE, CASTAÑARES Y PORTELLA VILLA SOLDATI CABA N° 1/25, en autos ACUMAR s/Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Expediente N° 25/09, de la Secretaría N° 9 de juzgado a su digno cargo.



En dicho oficio se comunica la resolución de V.S., de igual fecha, en la que se dispone una orden de allanamiento que tiene por objeto llevar a cabo, a partir del día 10 de marzo de 2011, el registro domiciliario de las viviendas ocupadas en el predio precitado y, en la medida de lo posible, el desalojo de las mismas y la identificación de quienes las hayan ocupado; todo ello para dar lugar al inmediato reintegro de la posesión a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Se requiere, a tal fin, que las Fuerzas de Seguridad que disponga el Ministerio de Seguridad de la Nación actúen en forma conjunta y coordinada con la Policía Metropolitana y con el personal que se designe como idóneo en la materia.



Tal resolución señala que la presentación de este Ministerio, del día 9 de marzo de 201l a la que me remito por razones de brevedad y en la que, básicamente, se había indicado que es criterio operativo del Ministerio de Seguridad de la Nación que las fuerzas policiales y de seguridad a su cargo no deben, como principio, realizar tareas propias de la Policía Metropolitana en su condición de órgano auxiliar de la Justicia local, en aquellas cuestiones que remiten a delitos cuya investigación y juzgamiento han sido transferidos desde la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires, no es de recibo, por entender V.S. que corresponde a los Ministerios de Seguridad de cada una de las jurisdicciones gubernamentales involucradas en la remediación ambiental, la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables de la erradicación de los asentamientos y aseguramiento de los lugares recuperados, y que, a requerimiento de éstos, procedan a retirar a todo aquel que, en infracción a lo aquí previsto y ordenado, invada de cualquier forma los predios que se vayan recuperando, sin perjuicio de las acciones penales a que dieran lugar. Además, V.S. señala que la afectación al saneamiento de la cuenca de las viviendas de cuya ocupación se trata no es hipotética, sino que, en el marco de la causa, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la ACUMAR informaron que dichas viviendas serían destinadas para la relocalización de habitantes del asentamiento El Pueblito. Se informa, en la providencia, que la misma ACUMAR se presentó en el día de su dictado ante el Juzgado de V.S. pidiendo el allanamiento y posterior desalojo de las viviendas que forman parte integrante del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.



V.S. también considera que si agentes de la Policía Federal se encontraban contratados para la realización de adicionales en el predio, no podría el Ministerio de Seguridad de la Nación desentenderse de la necesidad de preservar ese lugar, cuando una de las fuerzas a su cargo se hallaba percibiendo servicios de custodia. Finalmente, el restante argumento de la resolución judicial en cuestión está basado en la colaboración que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben proveer a la Autoridad de Cuenca para la atención de medidas de seguridad que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos que incluyen la protección de las áreas recuperadas, como ser asentamientos, basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás. Aunque reconociendo que la actividad de seguridad antes señalada no se agota con la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación, sino que la misma corresponde a todo el andamiaje administrativo que desarrollan cada uno de los 14 Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Policía Municipal. En atención a todo ello, considero propicio señalar: a) El complejo de viviendas donde sucedieron los hechos contaría con 204 unidades, cuando las familias de El Pueblito que, según se desprende de la presentación de la ACUMAR, serían las familias a ser relocalizadas serían 128. Esto implicaría la imposibilidad de determinar si las viviendas efectivamente usurpadas atentan o no contra el cronograma de relocalización de asentamientos prevista en el plan de saneamiento de la cuenca. El dato es relevante, pues de no existir tal imposibilidad, la usurpación no afectaría el cumplimiento de la sentencia en cuya ejecución entiende V.S.



b) La circunstancia de que la Corporación Buenos Aires Sur haya contratado servicios de custodia de agentes de la Policía Federal, no implica que la Policía Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias propias. Al contrario, implica que el sujeto que contrató los servicios se creía en la obligación de asegurar la custodia del lugar. No se trata, por tanto, de actos propios de la Policía Federal de los que el Ministerio de Seguridad, siguiendo la argumentación de V.S., no podría desentenderse, sino de actos propios de las autoridades de la Ciudad, que se consideraron en la obligación de asegurar la custodia del predio para mantenerlo libre de intrusiones.



c) Finalmente, siendo ello así, y tratándose como se expresó en la nota anterior de esta jurisdicción de un bien del dominio privado del Gobierno de la Ciudad ubicado en el territorio de la misma, es claro que la investigación y el juzgamiento del delito de usurpación, cuando se cometa en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial locales, respectivamente (v. cláusula 1ra, Convenio aprobado por Ley N° 26.357). Por ende, el principio es que la función policial auxiliar a la función jurisdiccional sea llevada a cabo por el órgano natural que la leyes de la Ciudad de Buenos Aires han constituido y programado para ello: la Policía Metropolitana. En efecto, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública N° 2.894, son funciones de la Policía Metropolitana entre otras brindar seguridad a personas y bienes, mantener el orden y seguridad pública, implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o vulneratorios de la seguridad pública, coordinar el esfuerzo policial con el resto de los agentes sociales que intervienen en la comunidad, y actuar como auxiliar de la Justicia en los casos en que expresamente se le requiera (v. art. 33, ley cit.). Ello, sin perjuicio de la cooperación con la fuerza policial local que pueda llevar a cabo la Policía Federal Argentina en oportunidad de la concreción del allanamiento y desalojo dispuestos por V.S.



Por todo lo expuesto, solicito a V.S. que tenga a bien reconsiderar la aplicación de sanciones procesales pecuniarias a funcionarios del Ministerio de Seguridad, cuando de lo que se trata es de una responsabilidad primaria de la fuerza policial local, que no ha invocado ni acreditado en las actuaciones la falta de colaboración de las fuerzas policiales o de seguridad de la Nación.



Ni lo podría hacer, ya que es evidente la colaboración de la Policía Federal en la situación planteada, como debe ser de conocimiento de V.S. En tal sentido, cabe señalar que los noticiarios difunden imágenes del lugar, en las que puede advertirse el apoyo prestado por recursos de la Policía Federal.



De lo que se trata, en definitiva, es de no omitir la responsabilidad operativa primaria que en la concreción del allanamiento y desalojo dispuestos por V.S. compete a la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; ni de omitir, tampoco, que la concreción efectiva de esa responsabilidad primaria es, asimismo, responsabilidad funcional de las autoridades locales en cuya órbita actúa la Policía Metropolitana, y no de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.



Por último, una consideración también muy importante: el conflicto social detonado por la carencia de viviendas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no sería susceptible de ser resuelto al margen de políticas sociales que lo focalicen y le den adecuado tratamiento. Experiencias recientes así lo demuestran. Situaciones como la descripta ponen de manifiesto la existencia de un cuadro agudo de vulnerabilidad social para cuya resolución resultan inadecuadas soluciones que como el uso de la fuerza en un desalojo prevé el ordenamiento para supuestos de otras características. Desalojar a familias indefensas y necesitadas de vivienda, para permitir el asentamiento de otras en similares condiciones, no parece ser una solución razonable ni sustentable.



Saludo a usted atentamente.



Dr. Esteban J. Rosa Alves Director General de Asuntos Jurídicos.

Télam