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28 de abril de 2013 • 11:37

Periodistas mexicanos exigen seguridad

Periodistas mexicanos se manifestaron el domingo para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Regina Martínez, una corresponsal de la revista Proceso, que fue encontrada en el baño de su casa con señales de tortura y asfixia.

Los periodistas exigen seguridad para realizar su trabajo, ya que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

En Xalapa, unas 400 personas se reunieron en una plaza del centro de la ciudad encabezadas por una pancarta en la que calificaban el crimen de la periodista "un asesinato de estado". En la protesta se encontraba el escritor Juan Villoro.

Otros carteles mostraban leyendas como "El autoritarismo no callará nuestra voz", "Justicia para Regina Martínez" y "No más sangre de periodistas", el contingente paró frente al Palacio de Gobierno del Estado donde gritaron consignas como "Gobierno fascista que matas periodistas" y "Regina vive, la lucha sigue".

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos se sumaron a la convocatoria en Xalapa, la capital de Veracruz, donde el 28 de abril de 2012 fue asesinada la reportera del influyente semanario Proceso. Al mismo tiempo se realizarán marchas en otras ciudades mexicanas, incluida la capital.

En la capital mexicana un grupo protestó a las puertas de la Secretaría de Gobernación, donde colocaron una enorme cámara fotográfica y un esqueleto de cartón. Los fotoperiodistas pusieron sus cámaras y lentes a manera de altar por los periodistas muertos y desaparecidos.

El semanario Proceso y organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), han denunciado que el crimen contra Martínez quedó impune a pesar de que hay un hombre purgando una condena.

Seis meses después del asesinato de Martínez, la fiscalía de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como presunto asesino y dijo que el móvil del crimen fue un robo. Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de prisión a pesar de que en una audiencia pública denunció haber sido torturado para confesar.

El representante en México de CPJ, Mike O'Connor, que ha permanecido cercano a la investigación, afirmó que el sentenciado fue torturado por varios días y los agentes de la fiscalía lo habrían amenazado con hacerle daño a su madre si no confesaba el crimen de Regina Martínez.

"Lo principal es que el gobierno federal no está convencido de que Hernández Silva es el culpable porque sigue una investigación muy activa del gobierno federal. El estado tiene un caso cerrado pero el gobierno federal no está convencido de nada de eso", dijo O'Connor.

Proceso reiteró la postura que tuvo desde que ocurrió el crimen. "No les creímos entonces que esclarecerían el asesinato y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede defender", denunció tras la sentencia.

La sentencia fue apelada en las cortes y el caso sigue abierto.

El asesinato de Martínez fue uno de los más emblemáticos y con mayor difusión por la influencia del semanario para el que trabajaba y porque es uno de los pocos ataques a medios de circulación nacional.

Las cifras sobre ataques a periodistas varían. Un informe publicado en febrero por el Comité para la Protección de Periodistas indica que 12 periodistas desaparecieron y 14 fueron asesinados a causa de su trabajo entre 2006 y 2012.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que 81 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. Un informe convertido en libro, de la asociación Nuestra Aparente Rendición, contabilizaba 127 comunicadores asesinados de 2000 a 2012, los dos sexenios gobernados por el Partido Acción Nacional.

Como medida de protección, algunos medios, sobretodo locales, han dejado de cubrir la violencia provocada por el narcotráfico.

Los ataques a la prensa aumentaron en el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la Guerra contra las Drogas, pero la llegada de un presidente de otro partido, Enrique Peña Nieto, en diciembre pasado, y el cambio de discurso gubernamental sobre la lucha contra el narco, no ha disminuido la violencia contra los periodistas, ni ha cambiado la impunidad en que quedan la mayoría de los crímenes.

En enero, un periodista del Diaro Cardel, de Antigua, Veracruz, desapareció mientras regresaba a casa de su trabajo. Este mes, el cuerpo de un fotógrafo del diario norteño La Vanguardia, de Coahuila fue encontrado mutilado. La organización Artículo 19, en la Ciudad de México, recibió amenazas, y las instalaciones de el diario El Siglo de Torreón, una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico fueron atacadas, lo mismo que las de Mural, el diario del Grupo Reforma en Guadalajara, entre otros.

Veracruz, el estado de Martínez, es uno de los más peligrosos para los periodistas. Entre mayo de 2011 y junio de 2012, nueve han sido asesinados y tres desaparecidos.

A pesar de eso, el 2 de abril, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) entregó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, un premio por su defensa de los periodistas.

La semana pasada el Congreso mexicano aprobó una ley que permitirá que los casos de ataques a periodistas sean atendidos en juzgados federales y las investigaciones hechas por la fiscalía federal. La ley está ahora en manos del presidente para su publicación y entrada en vigor.

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