Política

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12 de septiembre de 2012 • 23:16

Condenan a 14 ex represores a prisión perpetua en Bahía Blanca

Catorce de los 17 represores que fueron juzgados aquí por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, fueron condenados a la pena de prisión perpetua, que debrán cumplir en una carcel común del Servicio Penitenciario Federal.



Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, que además condenó a la pena de 18 años de prisión a un ex miembro de la Policía Federal y a dos ex integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense quienes fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel.



Asimismo, de los que recibieron la pena máxima se encuentra once ex miembros del Ejército, entre ellos el ex general Juan Manuel Bayón, así como también tres ex integrantes de la Policía Federal.



Los acusados fueron juzgados por crímenes cometidos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio "La Escuelita", predio recientemente señalizado por la Red Federal de Sitios de Memoria, del Archivo Nacional de la Nación- Secretaría de Derechos Humanos.



El tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro (presidente), José Mario Triputti y Martín Bava (vocales), escuchó durante catorce meses casi 400 declaraciones sobre secuestros, torturas y asesinatos cometidos en ese CCD que funcionara aquí durante la dictadura.



Además de Bayón, fueron condenados los coroneles retirados Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años; Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79; Jorge Aníbal Masson, 58; Hugo Carlos Fantoni, 82; Norberto Eduardo Condal de 67 y Carlos Alberto Taffarel de 64; los tenientes coroneles retirados Osvaldo Bernardino Páez, 80; Walter Bartolomé Tejada, 81 y Jorge Horacio Granada, de 65 y el mayor retirado Hugo Jorge Delme, 75.



Los otros condenados a la pena máxima fueron Vicente Antonio Forchetti, de 82; Héctor Jorge Abelleira, de 71 y Héctor Arturo Goncalves de 69 años, integrantes de la Policía Federal que se desempeñaron durante la última dictadura militar en Viedma, provincia de Río Negro.



Por otra parte el tribunal oral también resolvió ordenar que el diario "La Nueva Provincia", de Bahía Blanca, entregue constancias documentales respecto de las publicaciones durante la última dictadura militar y "remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda".



En ese sentido, los magistrados pretenden que "se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa en oportunidad de brindar información de supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos".



En su alegato, el Ministerio Público Fiscal, representado por Abel Córdoba y Horacio Azzolin, destacó el papel del diario local como parte del aparato ideológico del terrorismo de Estado.



En este juicio se incluye un tramo de la mega-causa con los casos de 90 víctimas que, en su mayoría, eran militantes de Montoneros, la Juventud Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).



Entre los casos del juicio está la conocida "Masacre de la calle Catriel" y los de dos embarazadas: Olga Souto de Castillo, embarazada de 4 meses cuando fue secuestrada y María Graciela Izurieta, embarazada de 3 meses quien según sobrevivientes, llegó con vida al momento del parto.



Las dos mujeres y sus hijos/as que debieron nacer en cautiverio continúan desaparecidas.



La ciudad de Bahía Balnca formó parte de la Zona 51, a cargo del 2º comandante del Quinto Cuerpo de Ejército. Dentro de esa Zona, el aparato represivo, además del Ejército, incluyó al Destacamento de Inteligencia 181, la Compañía de Telecomunicaciones 181, la Compañía de Policía Militar 181, el Hospital Evacuación 181 y la Sección de Depósito de Sanidad 181. .



Los pedidos de penas .



La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y La Fiscalía habían pedido la pena de prisión perpetua para los imputados Páez, Delme, Bayón, Méndez, Mansueto Swendsen, Masson, Fantoni, Tejada, Candal, Granada, Taffarel, Gonçalves, Forchetti y Abelleira.



Además, el fiscal requirió la pena de 25 años de prisión para Selaya y Miraglia, mientras que pidió 21 para Contreras.



Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó la pena de 20 años de prisión para Selaya, Miraglia y Contreras. Las demás querellas pidieron 17 años para Contreras y 17 años y 6 meses para Selaya y Miraglia.

Noticias Argentinas