Un proyecto que crea un sistema nacional de prevención de la tortura en las cárceles recibió hoy dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que será girada para su discusión a la comisión de Presupuesto, crea el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, integrado por siete miembros, que serán designados por el Congreso Nacional, tras un proceso de selección.
Los miembros, que tendrán dedicación exclusiva, actuarán en todo el país "sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y entre sus atribuciones figura la potestad para visitar cárceles y lugares de detención sin previo aviso y constatar las condiciones de vida de los reclusos.
El proyecto, de autoría de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), recibió el apoyo de todos los bloques, aunque el Frente para la Victoria firmó en disidencia parcial.
El Comité podrá recibir aportes de instituciones gubernamentales, entes públicos y organizaciones no gubernamentales "interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otro tratos o penas crueles inhumanos o degradantes".
Las acciones del Comité tendrán injerencia en "cualquier establecimiento o lugar de detención bajo jurisdicción o control del Estado nacional, de los estados provinciales o municipales; así como entidades de carácter privado, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad".
Además, se habilita la creación, implementación y coordinación del funcionamiento del "Registro Nacional de casos de Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes".
El sistema de prevención de la tortura habilita a la comisión a "inspeccionar y visitar establecimientos de detención" para conocer las "condiciones de detención, la capacidad de alojamiento y el control de sobrepoblación".
También está previsto que con el nuevo sistema la comisión pueda diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura.
La iniciativa, que será girada para su discusión a la comisión de Presupuesto, crea el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, integrado por siete miembros, que serán designados por el Congreso Nacional, tras un proceso de selección.
Los miembros, que tendrán dedicación exclusiva, actuarán en todo el país "sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y entre sus atribuciones figura la potestad para visitar cárceles y lugares de detención sin previo aviso y constatar las condiciones de vida de los reclusos.
El proyecto, de autoría de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), recibió el apoyo de todos los bloques, aunque el Frente para la Victoria firmó en disidencia parcial.
El Comité podrá recibir aportes de instituciones gubernamentales, entes públicos y organizaciones no gubernamentales "interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otro tratos o penas crueles inhumanos o degradantes".
Las acciones del Comité tendrán injerencia en "cualquier establecimiento o lugar de detención bajo jurisdicción o control del Estado nacional, de los estados provinciales o municipales; así como entidades de carácter privado, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad".
Además, se habilita la creación, implementación y coordinación del funcionamiento del "Registro Nacional de casos de Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes".
El sistema de prevención de la tortura habilita a la comisión a "inspeccionar y visitar establecimientos de detención" para conocer las "condiciones de detención, la capacidad de alojamiento y el control de sobrepoblación".
También está previsto que con el nuevo sistema la comisión pueda diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura.
- Télam
