El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, principal imputado en el caso de la valija de los 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson, pidió nuevamente la prescripción de la causa por "los perjuicios que el paso del tiempo está generando" ante la falta de novedades en la investigación.
A principios de diciembre, el juez que actualmente está a cargo de la causa -en febrero asumirá otro magistrado- Marcelo Aguinsky rechazó un planteo de prescripción presentado por el abogado del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y determinó que el delito que prevalece para investigar es el de contrabando por sobre el de lavado de dinero.
Tras eso, y poco antes de terminar el año, el abogado Diego Pirota apeló esa resolución ante la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico y planteó que (tal como lo estableció Daniel Petrone, el anterior juez de la causa) la figura de contrabando estaba "subsumida" a la de lavado de dinero.
"Si la calificación a la que debe estarse es aquella que sostuvo la resolución de la Alzada, pues entonces debió contemplarse, a la hora de resolver la falta de acción, la subsunción en el delito de lavado de activos; aún cuando decidiera proseguirse respecto del delito de contrabando", dijo el abogado.
Ocurre que la estrategia de la defensa es encaminar la causa al delito único de lavado de dinero, figura que estaría prescripta a raíz de una reforma en la ley a partir de la cual se suprimió el agravante para cuando se trata de funcionario público, con lo cual la pena máxima quedó establecida en tres años.
En el escrito al que accedió Noticias Argentinas, Pirota invocó varios antecedentes recientes de la Sala B de la Cámara (la misma que ahora tendrá que expedirse en el caso) en donde estableció que en casos similares el delito a investigar es el de lavado de dinero y no contrabando.
Por ello consideró que Aguinsky "incurre en una arbitrariedad intolerable al desconocer estos antecedentes de los tribunales superiores", y recordó que "el magistrado instructor, a requerimiento del Ministerio Público, siempre centró su pesquisa en la supuesta comisión del delito de lavado de dinero".
En la resolución de diciembre pasado, si bien rechazó el planteo de prescripción, Aguinsky dispuso "arbitrar los medios necesarios para obtener una más pronta respuesta a la solicitud de extradición" de Antonini Wilson, quien se encuentra desde 2007 en los Estados Unidos.
"Ello, como si los cuatro años que se llevan esperando respuesta no hubieran pasado, y como si la simple solicitud para que se `arbitren los medios necesarios` bastase, luego de cuatro años de simple silencio por parte de los países requeridos", criticó Pirota, en referencia también a los requerimientos hechos a Venezuela, por el entonces vice de la petrolera Pdvsa Diego Uzcátegui y su hijo Daniel, este último uno de los pasajeros del avión que aterrizó en nuestro país aquel 4 de agosto de 2007.
En otro tramo del escrito, el defensor de Uberti se quejó por el "paso del tiempo" e invocó "el derecho a ser juzgado en tiempo razonable" previsto "por los Tratados Internacionales a los que nuestra Constitución Nacional".
"Surge claramente de la sola lectura del expediente que han transcurrido cuatro años en los que se han arbitrado todos los medios necesarios y normativamente posibles, y no se ha recibido respuesta alguna", expuso el letrado.
Una vez reanudada la actividad judicial, tras el receso de verano de enero, la Sala B tendrá que empezar a evaluar el planteo para pronunciarse.
Ese Tribunal ahora está compuesto por los camaristas Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Nicanor Repetto, este último el más nuevo y quien reemplazó tras su fallecimiento a Carlos Pizzatelli.
En el caso que los jueces encaminen la investigación hacia el delito de lavado de dinero, la causa quedaría virtualmente prescripta, y se archivaría sin que haya procesados.
A principios de diciembre, el juez que actualmente está a cargo de la causa -en febrero asumirá otro magistrado- Marcelo Aguinsky rechazó un planteo de prescripción presentado por el abogado del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y determinó que el delito que prevalece para investigar es el de contrabando por sobre el de lavado de dinero.
Tras eso, y poco antes de terminar el año, el abogado Diego Pirota apeló esa resolución ante la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico y planteó que (tal como lo estableció Daniel Petrone, el anterior juez de la causa) la figura de contrabando estaba "subsumida" a la de lavado de dinero.
"Si la calificación a la que debe estarse es aquella que sostuvo la resolución de la Alzada, pues entonces debió contemplarse, a la hora de resolver la falta de acción, la subsunción en el delito de lavado de activos; aún cuando decidiera proseguirse respecto del delito de contrabando", dijo el abogado.
Ocurre que la estrategia de la defensa es encaminar la causa al delito único de lavado de dinero, figura que estaría prescripta a raíz de una reforma en la ley a partir de la cual se suprimió el agravante para cuando se trata de funcionario público, con lo cual la pena máxima quedó establecida en tres años.
En el escrito al que accedió Noticias Argentinas, Pirota invocó varios antecedentes recientes de la Sala B de la Cámara (la misma que ahora tendrá que expedirse en el caso) en donde estableció que en casos similares el delito a investigar es el de lavado de dinero y no contrabando.
Por ello consideró que Aguinsky "incurre en una arbitrariedad intolerable al desconocer estos antecedentes de los tribunales superiores", y recordó que "el magistrado instructor, a requerimiento del Ministerio Público, siempre centró su pesquisa en la supuesta comisión del delito de lavado de dinero".
En la resolución de diciembre pasado, si bien rechazó el planteo de prescripción, Aguinsky dispuso "arbitrar los medios necesarios para obtener una más pronta respuesta a la solicitud de extradición" de Antonini Wilson, quien se encuentra desde 2007 en los Estados Unidos.
"Ello, como si los cuatro años que se llevan esperando respuesta no hubieran pasado, y como si la simple solicitud para que se `arbitren los medios necesarios` bastase, luego de cuatro años de simple silencio por parte de los países requeridos", criticó Pirota, en referencia también a los requerimientos hechos a Venezuela, por el entonces vice de la petrolera Pdvsa Diego Uzcátegui y su hijo Daniel, este último uno de los pasajeros del avión que aterrizó en nuestro país aquel 4 de agosto de 2007.
En otro tramo del escrito, el defensor de Uberti se quejó por el "paso del tiempo" e invocó "el derecho a ser juzgado en tiempo razonable" previsto "por los Tratados Internacionales a los que nuestra Constitución Nacional".
"Surge claramente de la sola lectura del expediente que han transcurrido cuatro años en los que se han arbitrado todos los medios necesarios y normativamente posibles, y no se ha recibido respuesta alguna", expuso el letrado.
Una vez reanudada la actividad judicial, tras el receso de verano de enero, la Sala B tendrá que empezar a evaluar el planteo para pronunciarse.
Ese Tribunal ahora está compuesto por los camaristas Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Nicanor Repetto, este último el más nuevo y quien reemplazó tras su fallecimiento a Carlos Pizzatelli.
En el caso que los jueces encaminen la investigación hacia el delito de lavado de dinero, la causa quedaría virtualmente prescripta, y se archivaría sin que haya procesados.
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