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Diputados: indígenas pidieron acelerar relevamiento catastral y una nueva ley de propiedad comunitaria

20 mar 2017
20h10
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La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió hoy a representantes de pueblos originarios, quienes pidieron al Gobierno acelerar el relevamiento jurídico catastral de las comunidades indígenas distribuidas en todo el país y reclamaron al Congreso abordar "con urgencia" una ley de propiedad comunitaria indígena que de cumplimiento a la entrega de títulos de propiedad de tierras que habitan desde tiempos ancestrales.

Además, aprovecharon la presencia del director de Tierras del Instituto Nacional de Tierras Indígenas (INAI), Juan Cruz Testa, para advertir sobre la situación crítica que viven comunidades, particularmente en la provincia de Salta, a partir del avance de los desalojos por parte de terratenientes latifundistas, en clara colisión con lo que ordena la ley 26.160 sancionada en 2006.

La reunión de la comisión que preside Victoria Donda (Libres del Sur-Progresistas) ocurre luego del acampe en el centro porteño que protagonizaron representantes de siete etnias de la región noreste de la Provincia de Salta durante más de dos semanas entre fines de febrero y principios de marzo.

La primera en tomar la palabra fue Donda, quien ratificó el compromiso del interbloque Progresistas que ella integra para llevar a comisiones la discusión de un proyecto de propiedad comunitaria indígena que resuelva la cuestión de fondo, pero en paralelo alentó a que la Cámara de media sanción a la prórroga de la ley 26.160 que el Gobierno Nacional giraría al Congreso a la brevedad, a fin de que el INAI pueda completar el relevamiento catastral.

Al respecto, Testa confirmó que dicho proyecto de prórroga, que tendrá una vigencia "en principio de cuatro años", ya cuenta con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, por lo que prontamente habrán "novedades" en el Congreso.

El funcionario justificó el retraso en el relevamiento catastral al aducir que desde el momento de la sanción de la ley en 2006 a la fecha, han ido apareciendo nuevas comunidades, de cuya existencia el Estado no tenía conocimiento en el punto de partida.

En concreto, destacó que el relevamiento registra un avance del 48 por ciento de las carpetas técnicas, lo cual hace imperioso la sanción de una nueva prórroga, la tercera desde la aprobación original de la ley que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras.

El diputado del Frente Renovador Horacio Alonso no se opuso a avanzar con la prórroga, pero advirtió que "esta ley presenta vacíos", y que no ha sido útil para detener los desalojos.

"Legislemos pero no dejemos de hacer política. La cuestión se tiene que resolver integralmente", remarcó.

Testa rechazó que la ley no haya servido para frenar los desalojos de tierras, al sostener que existen "más de 100 sentencias diferidas", si bien reconoció que existen órganos jurisdiccionales en las provincias que han avanzado en los desalojos al margen de lo estipulado por la norma.

Por su parte, el abogado de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) Benito Espíndola, advirtió que "no alcanza con lo relevado por la ley 26.160 porque solamente registra las tierras que son de posesión actual pública" y por lo tanto "quedan excluidas aquellas que tienen posesión ancestral" que fueron despojadas.

Para el diputado del Frente de Izquierda Pablo López, no se puede soslayar el "cuadro político" que está detrás de la situación que viven las comunidades originarias: el dirigente del Partido Obrero apuntó directamente contra el gobernador Juan Manuel Urtubey, a quien acusó de "complicidad" con la Sociedad Rural salteña para desplazar a indígenas de la localidad de Embarcación de sus tierras.

Concretamente, mencionó que Urtubey intercedió a favor de un empresario francés pidiendo un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Lorena Martínez, quien actúa en el conflicto por tierras en Embarcación.

"Es decir que el gobernador promovía el desalojo y le pidió sanciones a la fiscal por no ser mas dura con las comunidades. Es un problema político", sentenció.

Noticias Argentinas

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